La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, intervino ayer, 29 de marzo, en la Conferencia de Alto Nivel sobre el papel de la Economía Social en la creación de empleo y en la implementación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, organizada bajo la presidencia portuguesa de turno del Consejo de la Unión Europea.
Entre otras autoridades, participaron el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, Ana Mendes y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, en representación de las entidades del sector.
La Conferencia de Alto Nivel se desarrolla en un momento crucial en el que la Unión Europea afronta una salida de la crisis económica originada por la pandemia con el reto de apuntalar sus valores fundamentales, contribuyendo a la construcción y consolidación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, con la Economía Social como actor fundamental.
El Plan de Acción para la Economía Social de la Comisión Europea, que está en fase de elaboración y se presentará en el último trimestre de 2021 durante la Presidencia eslovena, podrá beneficiarse de debates como el que promueve la Presidencia portuguesa o el que se ha mantenido bajo la presidencia española en 2020 del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo.
La Economía Social se enfrenta a desafíos compartidos con el resto de los modelos empresariales, como pueden ser la digitalización, la demanda de Investigación, Desarrollo e innovación, la adaptación rápida a mercados cambiantes o la cualificación de las personas socias y trabajadoras. Pero, además, suma retos específicos como la falta de visibilidad.
El desconocimiento del sector repercute negativamente a la hora de que puedan beneficiarse de ayudas y programas públicos que no tienen en cuenta, en muchos casos, los rasgos específicos de la Economía Social.
«No es que se las quiera excluir, pero se impide su acceso de facto. En esta cuestión, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social estamos muy vigilantes, con el fin de minimizar este riesgo y que haya igualdad de oportunidades frente a otros modelos empresariales», enfatizó Yolanda Díaz.
La invisibilidad repercute también en los mecanismos de promoción del emprendimiento que no ofrecen, en numerosas ocasiones, fórmulas propias de la Economía Social.
También tiene efectos negativos en la financiación ya que los canales propios de financiación, como pueden ser las cooperativas de crédito o la banca ética, pueden resultar insuficientes.
Otro desafío es facilitar el acceso de las entidades de la Economía Social a los fondos provenientes del programa Next Generation EU.
El vínculo especial que mantienen con el territorio y sus habitantes hace que estas empresas sean difícilmente deslocalizables, contribuyendo así al asentamiento de la población en zonas en riesgo de despoblamiento y a la cohesión social y territorial, a la vez que promueven la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la inserción laboral de los jóvenes y la inclusión social y laboral de las personas en riesgo de exclusión social.
Yolanda Díaz ha explicado que la Economía Social tiene un papel protagonista en la generación de nuevas Políticas Activas de empleo, «más cercanas y más efectivas, en la que hemos querido que la economía social tuviera un tratamiento prioritario por su relevancia para generar empleo de calidad».
La Economía Social vive un punto de inflexión por su aportación de bienes y servicios fundamentales durante la pandemia, generando un empleo de calidad, sostenible e inclusivo.
La aprobación del Plan de Acción Europeo de Economía Social, en el último trimestre de este año por parte de la Comisión Europea, supondrá un hito en el apoyo al sector. Dicho Plan se enriquecerá con los debates y las aportaciones que los gobiernos han elaborado conjuntamente en el seno del Comité de seguimiento de la declaración de Luxemburgo, con un apoyo constante a la puesta en marcha de programas y políticas dirigidas al sector.
La reciente aprobación de la Declaración de Toledo, en diciembre de 2020, suscrita por una mayoría de Estados Miembros de la Unión Europea plantea cuáles pueden ser las líneas de acción a seguir en el desarrollo de políticas y programas.
La titular de Trabajo y Economía Social ha concluido su intervención señalando que «el modelo económico de la Economía Social es una aportación fundamental para la consolidación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generando, como indica la Agenda 2030, oportunidades para las personas y el planeta».