Un necesario debate sobre la contratación pública socialmente responsable y que dé acceso a las cooperativas y la ES a las licitaciones y contratos públicos. Esta misma semana, la Confederación Española de la Economía Social, CEPES, (de la que es socia AndalucíaEScoop) ha participado en un encuentro con más de 60 participantes de administraciones públicas y del sector para tratar este tema. En Andalucía también es un debate abierto.
El Artículo 129 de la Constitución establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
La Economía Social supone en España el 10% del PIB y el 12,5% del empleo con 2,2 millones de empleos directos e indirectos. Y la desproporción entre su peso en la economía y la ejecución de contratos públicos es desmesurada, pues según el estudio del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI), la Economía Social resultó adjudicataria del 1,90% del importe total de los contratos públicos en 2010-2012, y del 2,40% en el periodo 2011-2013 (por añadidura el estudio se ciñó al País Vasco, donde la Economía Social posee un peso notoriamente superior en comparación a otras Comunidades Autónomas).
Existen mecanismos legales para que el peso del cooperativismo y la Economía Social en la contratación pública sea más elevado: cláusulas sociales, reserva de mercado, lotes, alivio de la carga administrativa, procedimiento de invitación a empresas, modulación de exigencia técnica en las licitaciones … Se trata de mecanismos ahora infrautilizados y que pueden aplicarse con todas las garantías legales.