El Gobierno catalán ha aprobado el Proyecto de ley de la Economía Social y Solidaria, destinado a impulsar el peso de este sector socioempresarial en la economía catalana. Este texto establece el reconocimiento formal e institucional de la Economía Social y Solidaria y la define, por primera vez, como el conjunto de empresas, organizaciones y entidades que llevan a cabo actividades socioempresariales e iniciativas comunitarias basadas en la primacía de las personas y el interés colectivo o general por encima del lucro económico. Con esta normativa, el Gobierno busca promover respuestas innovadoras a los desafíos económicos, sociales y medioambientales actuales, conjugando el desarrollo sostenible, la creación de empleos estables y difíciles de deslocalizar, la integración social y la mejora de los servicios, especialmente los dirigidos a las personas.
La apuesta por la Economía Social y Solidaria, incluida en el Plan de Gobierno de la actual legislatura, está en sintonía con la estrategia desplegada desde la Unión Europea. En este sentido, Cataluña es pionera en el ámbito español al desarrollar un marco normativo que también permitirá realizar un diagnóstico más preciso del sector para ajustar las políticas destinadas a desarrollar y consolidar la Economía Social y Solidaria en nuestro territorio.
Actualmente, se estima que la Economía Social y Solidaria en Cataluña está integrada por más de 7.400 organizaciones, con cerca de 140.000 trabajadores y una base social de 3 millones de personas (socios cooperativistas, socios de entidades, mutualistas…) y con un volumen de facturación superior a los 8.000 millones de euros.
La futura ley será una pieza clave para potenciar el crecimiento, el empleo y la competitividad respetando principios y valores que prioricen a las personas y la vida, y, por tanto, las necesidades de los ciudadanos y del entorno comunitario por encima del interés o lucro económico. Además, se busca promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo, arraigado en el territorio, sostenible y basado en un trabajo digno y participativo.
Asimismo, la ley recoge el espíritu de nuestro país, que ha sido durante más de un siglo un ejemplo de Economía Social con cooperativas, mutualidades, cofradías de pescadores, el tercer sector y muchos otros actores de referencia.
Con la ratificación del Proyecto de ley, el Gobierno valora el trabajo realizado por el sector y los diferentes agentes sociales y políticos que han contribuido, con el objetivo de que este amplio consenso sea recogido por el Parlamento. La ley es el resultado del trabajo conjunto del sector llevado a cabo, durante más de cinco años, a través de la Asociación de la Economía Social y Solidaria de Cataluña (AESCAT), integrada por la Confederación de Cooperativas de Cataluña, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, la Federación de Mutualidades de Cataluña y la Red de Economía Solidaria de Cataluña.
A lo largo de estos años de construcción de la propuesta de ley, se han recogido las aportaciones de múltiples agentes sociales, económicos, académicos, políticos y de las asociaciones municipalistas que han enriquecido el proyecto, manteniendo los consensos establecidos con el sector.
El Proyecto de ley incluye elementos relevantes como los principios y valores que deben cumplir las entidades que deseen formar parte del sector de la Economía Social y Solidaria. Estos son: el interés general, el bien común, la prioridad de las personas y el objetivo social por encima del capital y del lucro; los sistemas de gobernanza y participación democrática en la toma de decisiones y en la implicación de los diferentes colectivos que conforman la entidad.
Estos valores y principios son requisitos que deben acreditar las entidades del sector que desarrollen una actividad económica y empresarial en Cataluña. Su cumplimiento será verificado por el Registro de la Economía Social y Solidaria, según los indicadores y procedimientos establecidos por el Reglamento que el Gobierno deberá aprobar posteriormente.
El Proyecto de ley prevé la creación del Consejo Catalán de la Economía Social y Solidaria como órgano consultivo y de asesoramiento, análisis y debate en las materias relacionadas con este sector, que estará adscrito al departamento del Gobierno competente en la materia.
Este Consejo actuará con total autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones y será responsable de fomentar y reforzar el diálogo entre las organizaciones de la Economía Social y Solidaria y las autoridades públicas catalanas en relación con la promoción, participación, reconocimiento, evolución y consolidación de este sector en Cataluña.